Escribo hoy, día 26 de noviembre, festividad de San Conrado, ante las noticias que se vienen produciendo últimamente y que no dejan de asombrarme cada día más, y que están dejando al descubierto la debilidad de la democracia española, y digo democracia por llamarla de alguna manera.
Y es que o los españoles no entendemos el concepto de democracia o desde las instituciones se da un uso fraudulento a esa palabra que está llevando a este país a situaciones realmente caóticas.
Empezaré con la definición. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su primera acepción, democracia es "la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno". Para los políticos españoles, democracia es permitir a los ciudadanos meter un papel en una urna de metacrilato cada cuatro años y, a partir de ese momento, hacer lo que les dá la gana sin pensar ni un sólo segundo en el bien de los ciudadanos. O yo soy un soñador o soy un necio, pero creo sinceramente que, además de dejarnos meter el dichoso papelito en la urna, los políicos tendrían que trabajar por nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Sin embargo, vemos a diario que, lejos de trabajar por nuestro bien, se empeñan, desde las diferentes administraciones (gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos) en hacer todo lo que les viene en gana, sin que además tengamos el mínimo derecho al pataleo.
En segundo lugar, me fijaré en el funcionamiento democrático de las instituciones. De siempre nos han vendido que la fortaleza de la democracia radica, fundamentalmente, en la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En España esa división no existe; los políticos lo controlan, o al menos lo intentan, todo. El legislativo, es decir, las Cortes tiene como misión específica el aprobar leyes, leyes que, insisto, deben buscar el bien común. Sin embargo, vemos asombrados como el legislativo está aprobando leyes como la de financiación autonómica, que lo único que hace es arruinar a España, expoliándole sus bienes para dárselos a Cataluña, la de los nuevos estatutos que, en algunos casos, buscan la creación de un estado dentro de un estado como es el caso del catalán, o la ley que hoy mismo se empieza a debatir, la ley del aborto que considera que el aborto es un derecho, entre otras barbaridades. Y yo me pregunto: ¿y en qué salimos ganando los españoles con estas leyes? ¿Acaso van a reducir el paro, van a estabilizar los precios, van a conseguir que lleguemos a fin de mes? Lo dudo muchísimo.
El ejecutivo tiene como misión específica, y aunque suene a perogrullo, ejecutar. Tiene que gobernar buscando el bien del país y proponer para ello al legislativo las leyes necesarias para conseguir ese bien. Sin embargo, el ejecutivo lo único que hace, llegando a un radicalismo que raya lo bochornoso, es fomentar la ley del aborto, fomentar el estatuto de Cataluña, fomentar una ley de libertad religiosa que nadie sabe en realidad en que va a consistir. etc. Eso promoviendo leyes, pero es que en su actividad diaria lo único que hacen es hacer lo que les dá la gana, mintiéndonos a la sociedad constantemente y echando la culpa a todo el mundo de su mal hacer. Ejemplos claros los tenemos últimamente con el ridículo del Alakrana, el espionaje de Sitel o la situación que tienen las tropas españolas en Afganistan.
Por último, el poder judicial, y este es el ejemplo que más clama al cielo, debería estar, en última medida, para velar por que tanto el ejecutivo como el legislativo cumplen las normas, aplicando para ello la justicia. Pero dificilmente este órgano pueda tener la independencia suficiente que le permita actuar en este sentido si, para empezar, los miembros del Poder Judicial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional son elegidos por los políticos. De esta manera, lo único que se está consiguiendo es que dichos jueces actúen, no en función de la ley, sino de lo que le manda el político de turno que le ha dado el sillón, con la amenaza velada de que si no es obediente, será desalojado de ese sillón. Además, y aprovechando esa situación chantajista vemos como presionan a los jueces para que las decisiones que tienen que tomar no se ajusten a derecho, sino que lo hagan a sus propios intereses. Un ejemplo flagrante, ridículo y vergonzoso es la tan traída sentencia sobre el estatuto de Cataluña. Es bochornoso que lleven más de cinco años para sacar una sentencia de un texto que, desde su primera frase ("Cataluña es una nación") es claramente inconstitucional. Sin embargo, los intereses políticos de Zparo, basando su gobierno en la alianza con los independentistas catalanes, han hecho que se vaya retrasando la sentencia día tras día, mientras que el gobierno catalán va sacando leyes, a una velocidad pasmosa, para desarrollar el estatuto, de tal modo que cuando salga la sentencia, el estatuto ya estará desarollado en su totalidad, y veremos entonces quien lo prohibe. Pero es que es aún más vergonzoso la presión que en los últimos días están haciendo los políticos catalanes, pero también Zparo y muchos compañeros de partido, sobre los jueces y esta sentencia. Han llegado a afirmar, además de que se declararán independientes si la sentencia no les es favorable, que no van a cumplir la misma porque esta ley la ha aprobado el parlamento y, por tanto, un juez no puede echar atrás la voluntad de un pueblo.
Y aquí llegamos al quid de la cuestión: los políticos han perdido totalmente el norte y piensan que cualquier ley que hagan, será legal y nadie podrá recurrirla, simplemente porque la hacen en un parlamento. Alguien debería explicarles que precisamente el poder judicial, en teoría, está para limitar el abuso de poder que, según la teoría que tienen estos políticos, se puede generar, como de hecho están generando.
Mención aparte merece el conocido como el cuarto poder (el periodístico) que, salvo honradas excepciones, no hace sino hacerle la cama a las instituciones que luego, con posterioridad, agradecen a estos estómagos vía publicidad institucional. No tienen el menor rubor en ocultar noticias, en falsearlas o directamente en inventar otras que son totalmente falsas, con tal de mantener su posición social, haciendo que los ciudadanos tengamos que rebuscar en todos los medios de comunicación hasta encontrar alguno que sea realmente honesto. Es curioso que son precisamente estos medios los que son atacados constantemente por el poder político y los que son acusados de antidemócratas, fascistas y otras lindezas del estilo.
En definitiva, o hay un cambio radical en este país, o dentro de poco no podremos decir que España es un país democrático, porque esto se va pareciendo cada día más a una dictadura. Y lo que te rondaré morena.
